El blog de Toni Lorenzo.
Algunas consideraciones sobre el mundo en que vivimos: cómo analizarlo, cómo representarlo, cómo vivirlo y cómo transformarlo.
El pasado sábado el Boletín Oficial del Estado publicaba la orden del Ministerio de Hacienda que va a permitir reducir el valor catastral de los inmuebles de #Castelló en un 9,3 por ciento a partir del 1 de enero de 2019. Por segundo año consecutivo el gobierno de la ciudad ha pedido al ministerio que minore ese valor, de tal forma que entre 2018 y 2019 habrá disminuido en casi un 16 por ciento. Así, un inmueble que tuviera el 31 de diciembre de 2017 un valor catastral de 100.000 euros lo verá reducido desde el próximo enero a 84.600 euros.
Solicitamos la disminución de los valores tan pronto como fue posible hacerlo de acuerdo con la ley. Y lo hicimos porque consideramos que la revisión catastral encargada por el gobierno del alcalde Fabra provocó un incremento injusto por abusivo de la valoración catastral de los inmuebles de nuestra ciudad. Lo denunciamos desde la oposición y estamos corrigiéndolo desde el gobierno del Pacte del Grau.
Los nuevos valores afectarán a las cuotas que los ciudadanos y las ciudadanas de Castelló pagarán por el im-puesto de bienes inmuebles, el IBI, como ya se ha podido comprobar este año. Pero no sólo. El valor que el Catastro da a cada inmueble incide también sobre los impuestos de sucesiones y transmisiones, así como sobre el IRPF.
Esta medida se acompaña de otras, como la rebaja del 12 por ciento del tipo de gravamen en el IBI urbano y del 40 por ciento en el rústico desde 2016; o las bonificaciones a inmuebles destinados a actividades culturales y al alquiler a personas en riesgo de exclusión; o las que tienen carácter medioambiental…
Mal que pese a algunas seguiremos trabajando para hacer más justa y más eficaz nuestra hacienda municipal.
Publicado en Levante de Castelló el 23 de julio de 2018
Hace apenas unas horas el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez se reunía en la ciudad de Castelló con el president Puig para avanzar en una agenda de trabajo conjunta en relación con la mejora de la financiación de la Comunitat. Una cuestión irrenunciable, esencial para que los valencianos y las valencianas podamos mantener y reforzar nuestro bienestar y dar cumplimiento a nuestros derechos de forma efectiva. Poco antes Sánchez visitaba el ayuntamiento de la capital de La Plana donde la alcaldesa Amparo Marco le trasladó la necesidad de reforzar el compromiso del Gobierno con el municipalismo, restituyendo la autonomía local secuestrada durante los gobiernos recentralizadores del rajoyismo.
Más y mejor financiación para nuestro autogobierno. Y más y mejor autonomía, con mayores recursos, para nuestros ayuntamientos. Esas son dos exigencias que los socialistas castellonenses no podemos acallar, esté quien esté en La Moncloa. Porque ese compromiso con los municipios y con los ayuntamientos ha de estar también entre el conjunto de políticas que permitan afrontar nuestro futuro, el de esta provincia, con opciones para ganarlo. Lo está haciendo la Generalitat y necesitamos que lo haga cuanto antes también el Gobierno.
Sabemos que no es fácil, a pesar de la convicción reiterada en ese sentido por el presidente y el PSOE. Pero es imprescindible. Mirad, las comarcas castellonenses configuran un territorio cubierto por multitud de pequeños municipios que, en su inmensa mayoría, no superan los 1000 habitantes. El Maestrat, Els Ports, L'Alcalaten o las tierras altas del Millars y del Palancia vienen sufriendo desde hace décadas un proceso de despoblación que desequilibra dramáticamente nuestro desarrollo territorial. Los municipios del interior de Castelló siguen perdiendo población y sus ayuntamientos afrontan cada vez mayores dificultades para atender las necesidades de la ciudadanía.
Por ello planteamos en el último debate sobre el estado de la provincia celebrado en la Diputación que es cuestión de supervivencia el cambio del escenario normativo creado a partir de 2012. Las leyes de estabilidad presupuestaria (abril de 2012), de racionalización y sostenibilidad de la administración local (diciembre de 2013) y de contratos del sector público (noviembre de 2017) han quebrado, como nunca antes se había hecho desde la restauración de la democracia, el principio constitucional de la autonomía de los ayuntamientos para gestionar los recursos municipales en beneficio de la ciudadanía.
Es cierto que estas leyes, y otras del mismo cariz neoliberal y centralizador, han provocado problemas graves a municipios de todo tamaño. Las ciudades de nuestro litoral, desde Castelló de la Plana a Vinaròs, Borriana o Vila-real, padecen también la sinrazón de esas normas. Pero son especialmente los de menor población los que la sufren con mayor rigor, viéndose en muchos casos abocados a la parálisis. Cada vez son más las exigencias burocráticas y menos el personal para atenderlas; cada vez es menor la deuda municipal y mayores los superávits presupuestarios que no pueden ser invertidos en mejorar la vida en esos pueblos; cada vez es más compleja la compra pública y menor la oportunidad de nuestras pequeñas empresas locales para poder concurrir a ella.
Nuestra provincia necesita que el nuevo Gobierno de España comience a desarticular el andamiaje normativo construido durante los años de mandato de Rajoy en detrimento de la autonomía local. Confiamos para ello en el equipo que lidera Pedro Sánchez. Ha de ser.
Hace tres años, cuando llegamos al gobierno de #Castelló, nos comprometimos a restablecer la dignidad de la memoria de quienes sufrieron la violencia del fanatismo en nuestra ciudad. El recuerdo de vidas sufridas, dolientes, atemorizadas por el terror franquista. El pasado viernes abrimos a la ciudadanía uno de los refugios de la guerra del 36, convertido en espacio para la recuperación de la memoria democrática y de la lucha popular contra el fascismo.
Sí, esta es una de esas razones que justifican muchas horas de trabajo para recobrar el sentido público de la decencia en Castelló. Gracias a los colectivos que han mantenido durante décadas esa pasión por la dignidad. No olvidar para alentar el compromiso cívico con la democracia, una máxima que la ciudadanía debe exigir de los poderes públicos.
El refugio de la Plaza de Tetuán supone un testimonio que muestra la crueldad de las guerras y sus consecuencias para la población civil. Un testimonio abierto a la ciudadanía, a la reflexión y al deber ético de cualquier sociedad de no olvidar su pasado. También el más trágico. De intentar reparar, en la medida de lo posible, el daño infligido a las víctimas. De honrar su memoria.
Este nuevo espacio de memoria colectiva contribuirá a conocer una parte de nuestra historia. Ayudará a consolidar la cultura de la paz, a luchar contra el olvido y recordar a miles de hombres y mujeres que pagaron duramente la defensa de la libertad y la justicia. El Ayuntamiento de la ciudad estuvo entonces junto a ellos y ellas, liderando la defensa civil en cada uno de los refugios públicos que recorrían nuestra ciudad para mantener con vida la democracia republicana. Y está ahora, preservando su memoria. Mantener la memoria de las víctimas, dignificarlas, ofrecerles el homenaje que se merecen y recuperar sus historias, sus biografías y las infamias que padecieron. Ni más ni menos.
Intervención en el pleno de la Diputació de Castelló el 14 de junio de 2018 con motivo del debate sobre el estado de la provincia.
Buenos días señor presidente, compañeras y compañeros de corporación, ciudadanos y ciudadanas...
Durante años el Grupo Provincial Socialista reclamó en esta sala de plenos la celebración de este debate. Creíamos necesario que la presidencia de esta institución rindiera cuentas ante la ciudadanía periódicamente, especialmente en un tiempo en que no era costumbre hacerlo. Y lo hicimos, en todo momento, poniéndolo en relación con la convocatoria de un foro de alcaldes y alcaldesas que permitiera confrontar, debatir y acordar propuestas y políticas entre los representantes de nuestros municipios y la corporación provincial. Debate y foro conformaban un núcleo argumental indisociable.
Lo hacíamos así porque estamos convencidos de que la legitimidad de esta institución es una legitimidad derivada. Somos diputados, todas y todos, nosotros en la oposición y ustedes en el grupo de gobierno, porque somos concejalas y concejales en nuestros respectivos municipios. Para ello concurrimos a las elecciones y para eso nos votaron nuestros conciudadanos. Y de ahí deriva la legitimidad de cada una y cada uno de nosotros y de esta institución y sus órganos de gobierno. Esa convicción es la que define nuestro modelo de diputación. Ya sabemos cuánto les gusta a ustedes hablar de "presidente provincial", de "gobierno de la provincia" o de "parlamento provincial". Y de su secular pretensión de situar la diputación por encima de los ayuntamientos. En eso, lo saben bien, no nos van a encontrar; para los socialistas de Castelló esta institución tiene sentido si se piensa en ella como un espacio de concertación de políticas, codecisión de medidas y colaboración administrativa entre los 135 municipios que dan vida a nuestro territorio.
Miren, la diputación no es el actor provincial; es uno más de los actores políticos, administrativos, institucionales o económicos que intervienen en la evolución de la sociedad castellonense. Por todo ello proponemos que este debate vaya dejando paso a la cumbre de alcaldesas y alcaldes, convocada anualmente en las semanas anteriores al comienzo de la elaboración de los presupuestos de las distintas administraciones. Y que sirva, realmente, como foro de debate sobre la situación de nuestras comarcas.
Dicho lo anterior, permítame señor presidente reconocer el cambio significativo en las formas y en el ejercicio de la acción política e institucional de esta casa durante su presidencia. Es incuestionable, señor Moliner. Y no dudamos de su contribución personal a esta evolución. Otras formas de entender las relaciones políticas y el papel de la diputación. Otras actitudes que se hicieron más evidentes a medida que fue deshaciéndose de los restos del fabrismo más rancio, unas veces por voluntad propia y otras por prescripción judicial. Sabemos, señor Moliner, que entre usted y el señor Barrachina, por ejemplo, hay diferencias notables. Aunque fuera sólo en el ámbito de los gestos.
Quizás sea el Plan 135 el fruto más convincente de ese cambio de actitud, que sinceramente esperamos perdure en el tiempo. Empezamos este mandato, en 2015, reclamando más transparencia, menos arbitrariedad, más eficiencia y menos partidismo. Así se lo exigió el alcalde de Vila-real y anterior portavoz socialista en esta Diputación, José Benlloch, en el último debate de este tipo celebrado en 2016. Y en reiteradas ocasiones. Hoy constatamos que hemos avanzado en el sentido adecuado, dejando menos espacios al sectarismo, simplificando el laberinto de subvenciones que tanto estrés generaba a nuestros ayuntamientos, fijando criterios que faciliten la libre concurrencia... Por eso avalamos con nuestro voto el Plan 135. Aunque para nada signifique esto un cheque en blanco a sus políticas, señor Moliner. Hemos presentado en estos casi tres años 87 mociones y enmiendas en el Pleno.
Creemos que no han hecho muchas cosas como debieran haberlas hecho. Una de las más grave ha sido su renuncia a trasladar al gobierno del M. Rajoy la urgencia de muchos de nuestros problemas. Renuncia desde la Diputación y renuncia desde su partido, del que hay que recordar que usted fue presidente provincial entre 2011 y 2017. Simplemente, no han sido interlocutores válidos para otras administraciones , ni siquiera para aquella que han gobernado hasta hace unos días. Para nosotros, tal vez una de sus mayores irresposabilidades ha sido permitirle al gobierno popularista de España la desactivación de la ley para el desarrollo sostenible del medio rural (45/2007, de 13.12.1997).
Porque es esa una ley vital para nuestro territorio que ustedes se encargaron de desdibujar desde el primer momento. Miren, el Instituto Nacional de Estadística advierte en sus últimos estudios que nuestra provincia será en las próximas décadas la que pierda más porcentaje de población de entre todas las que conforman el arco mediterráneo español, con una diferencia significativa. Estamos hablando de que seremos la única provincia mediterránea con pérdidas similares, en cifras relativas, a Huesca, Albacete o Pontevedra, por citar sólo algunos ejemplos.
Lo saben, lo sabemos todos: la mayor parte de nuestro territorio está en grave riesgo de despoblación. Ese es, o debería ser, el argumento esencial de las políticas puestas en marcha desde aquí. La acción permanente contra la despoblación. Ahí nos lo jugamos todo, señor Moliner. La ciudadanía ha de saber que desde 2011 los municipios de las comarcas del interior han perdido casi 15.000 habitantes, más del 13 por ciento de la población. Muy por encima del retroceso demográfico provocado por la crisis en el conjunto de la provincia. En estos últimos siete años los municipios con menos de 1.000 habitantes han pasado de 80 a 89 y los que tienen menos de 100 lo han hecho de 13 a 17.
Una mirada rápida a las estadísticas demográficas de los últimos 30 años nos advierte que Suera ha perdido un ocho por ciento de su población, Morella un 13 por ciento, Ludiente ha perdido un 32 por ciento, Culla un 40 por ciento...
No cuestionamos su sinceridad cuando dicen coincidir con nosotros al ver en la despoblación el principal reto que tiene planteado Castelló. Pero siguen teniendo una visión parcial, sectorial y desagregada de las políticas para afrontarla. Llaman Repoblem a un cajón de sastre en el que meten cualquier programa, proyecto, subvención o convenio que pueda llegar a un pueblo del interior de la provincia. No creemos en ese cajón de sastre, señor Moliner; no queremos el mucho ruido y las pocas nueces de su Repoblem
Para este grupo la lucha contra la despoblación exige de la planificación de políticas transversales con programas específicos para abordar cada una de las caras que proyecta cuestión tan compleja. Una lucha que convoca a todas las administraciones a cooperar con lealtad y convicción colaborativa. Trabajar con los ayuntamientos a través del foro de municipios de interior puesto en marcha por la FVMP. Y con la Generalitat, participando activamente en la Agència Valenciana Antidespoblament - AVANT.
Planificar y colaborar. Imprescindible para nosotros. Por eso venimos insistiendo, una y otra vez, en un plan provincial de carreteras, en un plan para el aprovechamiento de la biomasa, en un plan para la gestión de purines, en un plan para la teleasistencia, en un plan de implantación y mejora de la fibra óptica...
Decía más arriba que no supieron explicar a los suyos en el Gobierno de España que muchas de sus decisiones atentaban plenamente contra los intereses de la mayor parte de nuestro territorio. Y si lo hicieron es evidente que no fueron atendidos. Sólo con tres leyes, la de estabilidad presupuestaria (2/2012, de 27 de abril), la de racionalización y sostenibilidad de la administración local (27/2013, de 27 de diciembre) y la de contratos del sector público (9/2017, de 8 de noviembre), han provocado tal colapso en los ayuntamientos de los pequeños municipios que en muchos casos aguantan milagrosamente. Y eso ha ocurrido sin que la Diputación haya reforzado los servicios de OFISAM en el territorio o del resto de servicios de asistencia técnica. Aún recuerdo, señor Moliner, a su vicepresidente Barrachina en la sesión inaugural de este mandato diciendo aquello de que habían cerrado el círculo de virtud haciendo más y mejor con menos recursos. A usted también se lo he escuchado. Digan la verdad, señor presidente. Dispusieron de los recursos que sus jefes les impusieron y con esos recursos difícilmente han podido atender las necesidades de los ayuntamientos que necesitaban de su ayuda. Y no lo digo yo, que pudiera parecer parte interesada. Lo ha dicho hace unas semanas el tesorero de esta casa en su Informe a la cuenta de Recaudación: "el servicio de Recaudación, a pesar de los buenos resultados obtenidos, se encuentra con una clara necesidad de personal tanto técnico como auxiliar administrativo".
Dé gracias a los magníficos profesionales que trabajan aquí, señor presidente. Sin ellos, tenga la certeza, muchos de los servicios que presta la Diputación a los ayuntamientos serían inviables. No han podido evitar, sin embargo, la enquistación de un buen número de asuntos problemáticos que vienen de lejos y que simbolizan la continuidad de viejos vicios que anidaron entre estas paredes durante décadas. Aquellos fantasmas del pasado que uno cree confinados en el cuarto oscuro y que de tanto en tanto vuelven a asomarse. Vea, si no, el tema de los purines, o el de la gestión de las plagas, o el de la piscina provincial.
Mire hasta qué punto el despropósito de la piscina es un elemento de continuidad que han presupuestado para la campaña de comunicación de su reapertura casi 60.000 euros. ¿Sabe cuánto es esto, señor Moliner? Pues mire, el equivalente al presupuesto de ocho unidades Respira o de cinco becas de un año para graduados.
Y es que, señor presidente, les pierde su obsesión por copar los medios de comunicación. Les pirra esa sensación de poder, tenerla y transmitirla. Más de 6,5 M€ se habrán gastado en publicidad y propaganda cuando termine este año en el bienio 2017-2018. Mucho, señor Moliner. Mucho dinero, tanto como diez planes de empleo similares al previsto por la Diputación para 2018; o siete años de unidades Respira para los 124 municipios con menos de 10.000.
Uno debería pensar que nadie puede quedar al margen de las mil y una campañas que ustedes encargan. Y que entre bombo y bombo algún hueco habrá para explicar a la ciudadanía qué hacemos, qué servicios prestamos, qué subvenciones tramitamos... Y va y resulta que la encuesta provincial que ustedes encargaron hace unos meses nos dice que el 70 por ciento de los encuestados estaban poco o nada informados de lo que hace esta institución. ¡El 70 por ciento, señor presidente, 7 de cada 10! ¿Cuál es la finalidad de ese gasto? ¿Informar a la ciudadanía o satisfacer la demanda de las empresas del sector? ¿Se trata de informar sobre lo que se hace o de influir en cómo se informa?
Señor presidente, acabo ya. Castellón está hoy mejor que en 2016 y mucho mejor que en 2014, cuando se celebrara el primer debate sobre el estado de la provincia. Está mejor porque la evolución de la economía global ha dejado atrás la más grave crisis desde la segunda guerra mundial. Y está mejor, también, porque la concurrencia de las políticas impulsadas por los ayuntamientos del cambio (que hoy gobiernan sobre el 80 por ciento de la población provincial) y el Consell del Botànic han abierto nuevos espacios para la dignidad, la decencia y el futuro en nuestra tierra. Contribuyan decididamente, contribuyamos desde esta Diputación a propiciar un clima de colaboración institucional sincero con la Generalitat y los ayuntamientos. Hágalo y no caiga en la trampa de quienes en su partido están cargando los mosquetones con V de venganza.
Intervención en el Pleno municipal de Castelló el 23 de mayo de 2018 con motivo del debate sobre la la Banda Municipal de música..
Nos convoca hoy aquí un inmenso ejercicio de hipocresía política. La hipocresía de aquellos que a sabiendas hablan de lo que no es. De aquellos que, habiendo tenido responsabilidades de gobierno durante 24 años, decidieron desde el momento primero de este mandato arruinar todo cuanto significa algo, representa algo o identifica en algo a Castelló.
Hipocresía, sí, aderezada de oportunismo. Del oportunismo de quienes, faltos de ideas sobre nuestra ciudad, pretenden hacernos creer que vienen a dignificar la vida pública cuando en realidad están aquí para hacer lo que siempre ha hecho la derecha, teñida de azul o pintada de naranja: perpetuar los privilegios de algunos sobre el interés general.
A unos, hipócritas, y a otros, oportunistas, les une aquí la búsqueda de réditos partidarios. No es la Banda Municipal, ni su dirección, ni este o aquel proceso selectivo. No, lo que les une es minar la credibilidad del gobierno del Pacte del Grau. A costa de lo que sea... les da igual, absolutamente igual. Para ustedes todo es puro atrezzo, la utilería necesaria para vestir su gran farsa.
Me avergüenza créanme estar hoy aquí hablando de lo que estamos hablando. Me avergüenza y me escandaliza, señor Pérez, señor Vidal, como ciudadano, como político y como castellonense. Ustedes han venido a decir aquí hoy que nuestro criterio para la selección del director de la banda de música municipal es un procedimiento tramposo, una farsa para hurtar esa posibilidad al actual director y abrírsela a otro o a otra que atienda a nuestros intereses. Eso es esencialmente lo que ustedes nos están diciendo.
Usted, señor Pérez, ha hecho de esto una cuestión personal para defender sabrá usted qué intereses y, al tiempo, minar al gobierno municipal. Una cuestión suya y, desde el momento en que solicitaron la convocatoria de este pleno extraordinario, una cuestión también de la señora Carrasco. Carrasco y Pérez, cada vez lo entiendo mejor señor Moliner. Ya ve, está en el signo de estos tiempos del low-cost. Y señor Vidal, usted sabrá disculpar que no entre en detalles, pero lo suyo es mero seguidismo.
Miren, a comienzos de 2012, el 6 de febrero, el maestro Francisco Signes se jubiló tras casi 30 años en la dirección de nuestra Banda. Ese mismo día un decreto del concejal delegado de Recursos Humanos, señor Pérez Macián, nombraba director a José Vicente Ramón Segarra, hasta entonces subdirector de la Banda. El nombramiento se hacía mediante comisión de servicios en esa plaza, correspondiente al grupo A1.
Habrían de pasar más de tres años hasta que el 24 de febrero de 2015 la sección de Recursos Humanos remitiera a la junta de personal las bases específicas rectoras para la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición, por promoción interna de la plaza de director de la Banda. Tres años, señor Pérez, y muchos más desde que se creara la expectativa de la sucesión.
El 21 de mayo de 2015, en la misma semana en que se iban a celebrar las últimas elecciones municipales, un nuevo decreto del señor Pérez daba por aprobadas las bases, que se publicarían en el Boletín Oficial de la Provincia el 2 de junio. Se publicaron las bases, no la convocatoria. Y en ellas se establecía que podían presentarse funcionarios o funcionarias de carrera de este ayuntamiento, provenientes del grupo A2, músicos de la banda en posesión del título Superior de Música o equivalente, en la especialidad de Dirección de Orquesta. Sea por lo que fuera, no voy a entrar en valoraciones, ese mismo día el propio José Vicente Ramón declaró al diario Mediterráneo que las bases eran un mero "formulismo" para que su dirección al frente de la banda fuera definitiva. "Vía libre para 'blindar' a José Vicente Ramón", titulaba el periódico en su edición del 3 de junio, sin que nadie considerara oportuno desmentir esa información.
Ustedes, señor Pérez, señora Carrasco, señores Moliner y Sales, formaban parte de aquel gobierno. Y decidieron, con plena legitimidad, cubrir la plaza de director mediante un proceso restringido que limitaba el acceso a personas muy concretas de la plantilla municipal. Lo hicieron, debo creer, porque imaginaban ustedes que esa era la mejor manera de defender los intereses de la banda y de Castelló. La misma legitimidad que asistió a este gobierno desde junio de 2015 a buscar una alternativa abierta a la concurrencia, que no vetara a nadie y que diera oportunidad a todos aquellos que desearan sellar su compromiso con la música y con nuestra ciudad desde la dirección de la Banda Municipal.
Por ello paralizamos el proceso selectivo que apenas habían puesto en marcha ustedes un par de semanas antes de dejar la alcaldía. Y comenzamos a analizar desde las concejalías de Cultura y Gestión Municipal la situación que vivía la Banda, a valorar la conflictividad derivada de tiempo atrás y la que comenzaba a manifestarse con sorprendente virulencia, a estudiar reivindicaciones laborales,... Debatimos, también, sobre cuál era el mejor de los procedimientos para dar acceso a la dirección con las máximas garantías artísticas y profesionales.
A principios de 2017 comunicamos al director, que continuaba en comisión de servicios cinco años después de su nombramiento, que íbamos a emprender el camino administrativo para la preparación de unas nuevas bases para la provisión de la plaza mediante oposición libre, el más habitual entre los sistemas de acceso a la función pública. Un concurso-oposición, más bien, que permitiera valorar y sumar méritos y experiencia a las puntuaciones obtenidas en los distintos exámenes.
En su despacho del Palau de la Festa, sentados la concejala Ruiz y yo mismo a la mesa del señor Ramón, le transmitimos esa circunstancia, aun sin conocer en qué términos concretos se redactarían tales bases, ni qué temario llevarían, ni cómo se iba a valorar el currículo de cada aspirante. Allí nos dijo, frente a nuestra insistencia en sentido contrario, que no se iba a presentar a la oposición porque entendía que ya había acreditado suficientemente su capacidad para ocupar el puesto y que no tenía por qué someterse a la evaluación de nadie. No podía saber entonces, como no sabíamos nosotros, aquellos aspectos de la convocatoria que, según dijo este funcionario en rueda de prensa, le llevaron a no presentarse. Ya nos advirtió entonces que haría todo lo que estuviera en su mano para que estas oposiciones no se celebraran. Volvió a hacerlo, unas semanas después, en la cuarta planta del Palacio Municipal.
Continuamos trabajando, en las bases, por un lado, y en garantizar un clima de convivencia y bienestar laboral razonable en el seno de la banda, por otro. Como ya habían hecho ustedes entre 2012 y 2015 promovimos varios expedientes disciplinarios ante situaciones que consideramos inaceptables. Impulsamos también, en varias ocasiones, el protocolo ante situaciones de acoso en el seno del comité de Seguridad y Salud. Con los técnicos de prevención de riesgos laborales y de recursos humanos, y siguiendo las recomendaciones del comité, diseñamos una estrategia que basa su actuación en la redacción de un reglamento interno, el estudio y la mejora del clima laboral y la prestación de apoyo psicológico personalizado para determinados casos.
En abril de 2017 llevamos a la mesa general de negociación las bases específicas para cubrir en propiedad y mediante concurso-oposición libre la plaza en cuestión. Un paso obligado pero no vinculante que manifestó el rechazo sindical y de la oposición política a la propuesta. No obstante, convencidos como estábamos de que la mejor de las opciones para los intereses de la banda y de la ciudad era el concurso-oposición por turno libre seguimos el procedimiento que culminó con la aprobación definitiva de las bases por la Junta de Gobierno Local el 20 de octubre de 2017. El 15 de febrero de este año se publicaron las bases en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y un mes más tarde la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
A partir de ahí comienza un cúmulo de despropósitos ya conocidos por cualquier ciudadana o ciudadano medianamente informado. La rueda de prensa del director acusándonos de acoso y prevaricación; la campaña de acompañamiento de la derecha; los sucesos gravísimos del 30 de abril en el Auditori... Créanme, despropósitos públicos que ilustran muchos otros que han germinado en el silencio de la oscuridad.
Estos son los hechos y no otros, por más que se empeñen. Saben que es así, lo saben tan bien como nosotros. Lo que ocurre es que les interesaba construir un relato plagado de mentiras y medias verdades. Un relato que alimentara sus argumentos contra este gobierno.
A usted, señor Pérez, me consta, personas honorabilísimas de esta ciudad le han advertido sobre el enorme error que está cometiendo. Sobre el coste humano, profesional y reputacional que para la banda de música de Castelló está teniendo este absurdo. Se lo han dicho hoy y se lo dijeron ayer, hace años, a usted y a otros miembros del gobierno del que usted formó parte. Sabían ustedes, señor Pérez, señora Carrasco, que no estaban haciendo lo mejor para la ciudad y para una institución tan venerada por la ciudadanía. Ustedes, señora Carrasco, señor Pérez, han hecho oídos sordos a consejos de unos y de otros. ¿Por qué, hoy como ayer?
Ustedes no venían hoy aquí a escuchar la verdad. Ni siquiera a contar su verdad. No. Ustedes han querido hacer este pleno para agriar la vida municipal, para dibujar una realidad falsa, para desgastar a este gobierno de progreso al que ustedes, tres años después, siguen negando legitimidad democrática. Hoy es la Banda como ayer fue la Policía Local o el Patronato de Fiestas. Es tan grande su obcecación que, a pesar de que sus propuestas de resolución han sido informadas negativamente por los servicios técnicos de esta casa en el sentido de su inviabilidad, persisten en ellas.
Dejó escrito Guillermo Cabrera Infante que “la política es una de las formas de amnesia”. Yo no lo creo en su literalidad. Pero gente como ustedes, señora Carrasco, señor Pérez, también usted señor Vidal pretenden a diario que la amnesia selectiva borre episodios lamentables como los que nos han hecho vivir a costa de la Banda Municipal. No lo conseguirán. La banda, la nuestra y la suya, la de todas y todos, seguirá sonando, emocionándonos, haciendo más bella la vida en este rincón del Mediterráneo. Y en el fondo, tenue pero persistentemente, pervivirá la memoria de lo que algunos pretendieron hacer con ella.
Hace 10 años Esteban González Pons, el profeta popularista de la política sandía (“verde por fuera y roja por dentro como el corazón”), proclamaba a los cuatro vientos que las desaladoras eran las "centrales nucleares del mar”. A alguno se le oyó decir que el agua de mar desalinizada provocaba “atrofia testicular”. Estábamos entonces en el año primero antes de Gürtel y el PP de Camps (“Paco, siempre estaré detrás de ti, o delante, o a un lado”) no perdía ocasión para incendiar el debate social sobre el agua en el País Valenciano. “Si el PP gana no habrá desaladoras”, repetían una y otra vez el mantra de guerra contra Rodríguez Zapatero y todo aquel que sobreviviera fuera del ecosistema gaviota.
Y todo ello porque el gobierno socialista había decidido en 2004 impulsar una nueva política del agua que contemplaba, entre otras medidas, la construcción de desalinizadoras en la costa mediterránea, dos de ellas en el litoral castellonense, frente a los trasvases entre cuencas comprometidos por Jaume Matas en sus tiempos de ministro con Aznar. No era una oposición, la del campsismo, argumentada científicamente, ni alineada con la estrategia hídrica elaborada por la Agencia Europea del Medio Ambiente. O trasvases o nada, decían, mientras colgaban en los balcones de ayuntamientos, diputaciones y Generalitat pancartas con aquello de Agua para todos.
El caso es que cuando el PSOE llegó al Gobierno en abril de 2004 funcionaban ya en España más de 700 desaladoras que suministraban agua de boca a más de dos millones de ciudadanas y ciudadanos. Algunas de ellas puestas en servicio durante el aznarato. Pero como en tantos otros ámbitos, el mero hecho de que las nuevas instalaciones fueran propuestas, diseñadas y construidas por una administración socialista era suficiente argumento para que la derecha se opusiera de raíz a ellas.
Hoy, seis o siete años después de culminada la construcción de las desaladoras de Cabanes-Oropesa y Moncofa-Xilxes en nuestra provincia, el gobierno de Rajoy ha hecho muy poca cosa para ponerlas en marcha, por no decir nada. Los más de 30 hectómetros cúbicos que se incorporarían anualmente a nuestro sistema hídrico, procedentes de las dos instalaciones, para regar nuestros campos siguen en el mar. Y corremos el riesgo de que el año que viene el Estado tenga que devolver las cuantiosas subvenciones dadas en su momento por la Comisión Europea para el programa Agua por la falta de compromiso del actual Gobierno de España con esas políticas y con las desaladoras construidas a su amparo en tiempos de Zapatero. Europa ya lo ha advertido: o funcionan las desaladoras de Castelló o se devuelven los 50 millones de euros que Bruselas nos transfirió para hacerlas. Claro, clarísimo. Tan claro como que cíclicamente la sequía vuelve a llamar a nuestra puerta.
Dicen que resulta muy cara su explotación. Y que la repercusión del coste sobre el consumidor es inasumible. Y lo es también, y muy onerosamente, para los ayuntamientos que firmaron con Acuamed unas condiciones de acuerdo con una previsión de crecimiento urbanístico que la crisis hizo añicos. Haga, pues, el Gobierno lo que deba. Busque las fórmulas más adecuadas para que ese recurso esencial para el desarrollo de nuestras comarcas entre en servicio ya. No es de recibo que este gobierno rescatador de grandes bancos y constructoras no encuentre recursos para el agua que necesitamos.
No voy a ser yo quien diga hoy que «Castellón va a seguir sufriendo el ataque de los delincuentes y el menosprecio del Estado a su futuro y a su seguridad», como dijera en algún momento de finales de 2010 el entonces vicealcalde de Castelló Javier Moliner.
No seré yo, tampoco, quien diga hoy que el Gobierno de España «improvisa con la seguridad en la provincia y la delincuencia crece en Castellón pese a los esfuerzos oficiales en ocultarla [...] lo que nos sitúa como una de las provincias más inseguras de España, una provincia muy insegura para vivir», como decía el ahora jefe del rajoyismo castellonense Miguel Barrachina aquel mismo año.
Hablaban así Moliner y Barrachina tras años de reducción de la delincuencia y de incremento sostenido de la fuerza y la efectividad policial en nuestras comarcas. Decían así Barrachina y Moliner al tiempo que se abrían los cuarteles de la Guardia Civil en Morella, l'Alcora y Orpesa y la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad de Castelló, las primeras dependencias policiales inauguradas en la provincia desde los años 80 y las últimas hasta hoy. Se manifestaban ambos de ese modo coincidiendo con el mayor crecimiento de las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la provincia, que pasarían de 1260 efectivos en 2005 a más de 1900 en 2011.
No, yo no lo haré. No se me ocurriría decir de mi tierra que es una de las más inseguras de España, como ellos hicieron en tiempos de Rodríguez Zapatero. Por responsabilidad, por decencia y por respeto a la verdad y al trabajo esforzado de cientos de policías y guardias civiles que se juegan la vida a diario en cada rincón de nuestras comarcas. Y también por respeto a la ciudadanía, que no merece ser engañada por quienes recibimos el encargo de representarla en las instituciones democráticas.
Porque con la seguridad no se juega. Ni con la confianza de la gente en el sistema público policial. Es razonable que quienes se consideran afectados por un episodio de inseguridad, en nuestras ciudades o en nuestras zonas rurales, o quienes son directamente víctimas del delito manifiesten su preocupación, cuando no su indignación. Esto es y debe ser así. Y es lógico, igualmente, que exijan de los responsables públicos competentes soluciones rápidas y eficaces para la restitución de los daños sufridos. Y que reclamen saber si las plantillas policiales han mermado como lo han hecho las del resto de los servicios públicos, y en qué medida. Y que pregunten si el número de efectivos y la cantidad de recursos materiales es suficiente para garantizar efectivamente su seguridad.
Pero hemos de andar con cuidado quienes representamos a la ciudadanía para no caer en la demagogia mendaz y cortoplacista en relación con todo ello. Sabemos que hoy hay menos policías y guardias civiles que hace seis años en nuestra provincia. Debemos exigir que revierta esa tendencia sin perder de vista que las comarcas castellonenses presentan unas tasas de criminalidad razonablemente aceptables, entre las más bajas de toda la costa mediterránea española. Y que vivimos en una tierra, sí, con un alto nivel de seguridad pública. No juguemos con ello.
En apenas diez días Castelló, como el conjunto del País Valenciano y el resto de España, ha vivido dos grandes movilizaciones de apariencia distinta pero de sentido convergente. De un lado, la huelga de las mujeres del pasado 8 de marzo, la más importante movilización feminista conocida en nuestro país en exigencia de igualdad real contra la brecha salarial, la discriminación de género y la violencia machista. De otro, las concentraciones y manifestaciones promovidas por las organizaciones de pensionistas, centrales sindicales y la izquierda política en demanda de pensiones dignas y de un sistema de seguridad social sostenible que garantice su continuidad en el futuro.
Miles de ciudadanas y ciudadanos movilizados por la igualdad y por la dignidad en nuestras calles. Miles de luchadores y luchadoras en nuestras plazas reclamando decencia a un sistema social y político cada vez más esclerotizado, que consiente la discriminación salarial contra las mujeres o que condena a jubilaciones de miseria a muchos de quienes trabajaron y, más aún en el tiempo por venir, a quienes hoy trabajan en condiciones inaceptables.
En ambos casos las derechas, así la vieja de pedigrí azulete como la recauchutada bajo barniz naranja, han puesto tierra de por medio para mostrar su distanciamiento respecto de ambas causas, cuando no se han mostrado abiertamente beligerantes contra ellas. No es cuestión que a unos u otros ocupe, salvo que vean ahí presagio de futuros costes electorales. Ya dijo M. Rajoy hace unas semanas, en lo que hace a la brecha entre los salarios de hombres y mujeres, que "no nos metamos en eso".
Y no quieren meterse en “eso” de la igualdad salarial de género, ni en “aquello” de la dignidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores jubilados porque lo uno y lo otro son incompatibles con su programa de liquidación de nuestro sistema de bienestar y de perpetuación de la cultura machista en nuestra sociedad.
Las y los socialistas castellonenses estamos comprometidos con el grito de quienes reclaman cambiar en profundidad este estado de cosas. En las instituciones y en las calles, desde los gobiernos o desde la oposición política. Creemos en la radical igualdad de las mujeres y los hombres, sin espacios de excepción, ni en el trabajo, ni en la política, ni en la familia… Y creemos, también, en el pacto intergeneracional que posibilita que quienes estamos en edad de trabajar contribuyamos a garantizar pensiones dignas a quienes ya lo hicieron. Ambas convicciones están en nuestro ADN político y han de seguir dando sentido al compromiso de las izquierdas con el progreso social.
“Estoy más preparado que nunca para ser presidente de la Generalitat Valenciana o del Gobierno. Es que mi bagaje es impresionante.” Así hablaba de sí mismo Francisco Camps en una entrevista a Telva en abril de 2012, nueve meses después de su dimisión como presidente de la Generalitat por su vinculación con el clan de la Gürtel y sus derivaciones en la Comunitat Valenciana.
Hacía ya mucho tiempo que Camps había perdido el rumbo de la razón y del sentido común. También de la decencia política y de la dignidad institucional. Hoy quienes fueron sus lugartenientes al frente del Partido Popular valenciano durante tantos años dicen de él que estaba en la cúspide del entramado mafioso que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional. Era, no en vano, el “amiguito del alma” de Álvaro Pérez El Bigotes, delegado comercial de Francisco Correa en la Comunitat.
Cotino, Fabra, Rus, Costa, Barberá, Castedo, Campos, Blasco, Castellano… Con ellos, y con otros como ellos, por acción o por omisión, convirtió nuestro país en tierra de saqueo. Y a su partido en una organización infestada, presuntamente, por la corrupción. Y lo que es peor: arruinó la reputación de la Comunitat (nuestra marca país) y de la Generalitat (nuestras instituciones de autogobierno) hasta la náusea.
Por todo ello y por lo mucho que sabemos sobre la forma de entender y practicar la política por parte de Camps y los suyos, el expresidente debe abandonar la vida institucional. No puede continuar ni un minuto más en el Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat, el órgano consultivo supremo del Consell y de las administraciones valencianas, al que pertenece por su condición de antiguo President. Porque, más allá de previsiones legales, es cuestión de sensibilidad y convicción democráticas.
Así lo creemos los socialistas, con toda firmeza. Y por ello hemos presentado una moción ante el pleno de la Diputación de Castelló, que compartimos con los grupos de Compromís, Castelló en Moviment y Ciudadanos, exigiendo la renuncia de Francisco Camps. A la que debería sumarse el grupo Popular con el presidente Moliner a la cabeza. No quieren, y seguramente no lo van a hacer. No lo hicieron tampoco en Les Corts ni en los muchos ayuntamientos en los que se está votando también esta petición. Lamentable, que a estas alturas, sigan siendo incapaces de romper con pasado tan nefasto.
Poco antes de la navidad de 2010 llegaba a Castelló el primer Alvia desde Madrid. Era el primer tren que recorría ese trayecto en menos de tres horas; más de hora y media por debajo de lo que hasta entonces se empleaba en ir o volver a la capital de España en ferrocarril. Un salto cualitativo y cuantitativo muy importante en la conexión ferroviaria entre ambas ciudades que suponía un ahorro del 40 por ciento del tiempo de viaje.
Del Alvia decían los Fabra (Carlos y Alberto) que era “un tren tuneado”, “un fraude”, “una burla”. Ni siquiera quisieron asistir aquel 19 de diciembre a la llegada del viaje inaugural. No era suficientemente bueno para ellos y enviaron a sus segundos Francisco Martínez y Javier Moliner. ¡Y ganábamos 100 minutos en el trayecto! Y lo que es más importante: ni uno sólo de los cercanías Castelló-Valencia se vio afectado por la incorporación de las nuevas circulaciones. Los Civis empleaban 45 o 50 minutos; el resto, en torno a una hora. Así siguieron haciéndolo hasta que la ocurrencia del tercer carril convirtió ese servicio en una trampa para miles de usuarios y usuarias cada día.
El lunes Mariano Rajoy llegará a la estación de Adif en Castelló a bordo de un AVE. Bien está… Pero mejor estaría si no dedicaran tantos esfuerzos sus delegados comerciales en esta tierra a desdibujar la realidad. El AVE llegará pero a velocidad de Alvia desde Valencia. Llegará para ahorrarnos 20 minutos; en algún caso, menos de diez. ¡Ocho años y 200 millones de euros para ganar algo más que un cuarto de hora! Y llegará condenando al servicio de cercanías de la línea C6 a los peores horarios de los últimos 20 años. 25 de los 41 cercanías que salen a diario hacia Valencia llegan desde hace tres años, y seguirán llegando, más de una hora y cuarto después a su destino. Del resto, ninguno lo hace en menos de una hora. Inadmisible a estas alturas.
El lunes el tren del presidente viajará entre Valencia y Castelló por las mismas vías que utilizan el resto de convoyes de pasajeros y mercancías en ese trayecto. Es la crónica de un colapso largamente anunciado. Lo saben, lo sabemos todos, pero están entregados (Barrachina y sus compinches) al disimulo descarado y a la sobreactuación vergonzante. No perdamos de vista a este pájaro de cuenta travestido en “AVE Low Cost” porque en estos tiempos que corren nada, o casi nada, es lo que parece.
Durante el último pleno municipal del año, aprobamos, con los votos de PSPV, Compromís y Castelló en Moviment, las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Castellón para el 2018. La nueva normativa va a permitir rebajar la presión de la fiscalidad municipal a la inmensa mayoría de las y los contribuyentes.
El impuesto sobre los bienes e inmuebles, el IBI, reducirá la recaudación en torno a 1,3 millones de euros por la rebaja de los valores catastrales solicitada por el gobierno municipal al Ministerio de Hacienda y por la disminución del tipo de gravamen en más de siete puntos al IBI urbano y en cerca del 25% al IBI rústico. Además, se van a incrementar de forma muy notable las bonificaciones al IBI social, cultural y medioambiental hasta situarlas en el máximo permitido por la ley.
Se reducirá, también, el gravamen del impuesto a las construcciones y obras (ICIO) y se congelará la tasa de basuras, a pesar de la subida de los costes que asumirá el consistorio.
Insiste la derecha en el mantra de la subida de impuestos de este gobierno. Insiste de forma torticera a sabiendas de que esa afirmación responde más a su voluntad de desgastar al gobierno municipal que a una argumentación certera sobre la realidad. La inmensa mayoría de los contribuyentes a la hacienda municipal va a notar una rebaja en la presión fiscal; esto es así, le guste o no le guste a la oposición.
Tan solo los 251 inmuebles ubicados en el puerto verán incrementarse el IBI durante 2018, la mayor parte de ellos por debajo de los 25 euros. Es bueno que sepa la ciudadanía que de las 18 ciudades españolas con puertos de interés general solo cuatro tienen un IBI portuario por debajo del nuestro. Quieran o no, seguiremos trabajando por una fiscalidad más justa y equitativa.
