Desaladoras

Publicado en Levante de Castelló el 20 de mayo de 2018

Hace 10 años Esteban González Pons, el profeta popularista de la política sandía (“verde por fuera y roja por dentro como el corazón”), proclamaba a los cuatro vientos que las desaladoras eran las "centrales nucleares del mar”. A alguno se le oyó decir que el agua de mar desalinizada provocaba “atrofia testicular”. Estábamos entonces en el año primero antes de Gürtel y el PP de Camps (“Paco, siempre estaré detrás de ti, o delante, o a un lado”) no perdía ocasión para incendiar el debate social sobre el agua en el País Valenciano. “Si el PP gana no habrá desaladoras”, repetían una y otra vez el mantra de guerra contra Rodríguez Zapatero y todo aquel que sobreviviera fuera del ecosistema gaviota.

Y todo ello porque el gobierno socialista había decidido en 2004 impulsar una nueva política del agua que contemplaba, entre otras medidas, la construcción de desalinizadoras en la costa mediterránea, dos de ellas en el litoral castellonense, frente a los trasvases entre cuencas comprometidos por Jaume Matas en sus tiempos de ministro con Aznar. No era una oposición, la del campsismo, argumentada científicamente, ni alineada con la estrategia hídrica elaborada por la Agencia Europea del Medio Ambiente. O trasvases o nada, decían, mientras colgaban en los balcones de ayuntamientos, diputaciones y Generalitat pancartas con aquello de Agua para todos.

El caso es que cuando el PSOE llegó al Gobierno en abril de 2004 funcionaban ya en España más de 700 desaladoras que suministraban agua de boca a más de dos millones de ciudadanas y ciudadanos. Algunas de ellas puestas en servicio durante el aznarato. Pero como en tantos otros ámbitos, el mero hecho de que las nuevas instalaciones fueran propuestas, diseñadas y construidas por una administración socialista era suficiente argumento para que la derecha se opusiera de raíz a ellas.

Hoy, seis o siete años después de culminada la construcción de las desaladoras de Cabanes-Oropesa y Moncofa-Xilxes en nuestra provincia, el gobierno de Rajoy ha hecho muy poca cosa para ponerlas en marcha, por no decir nada. Los más de 30 hectómetros cúbicos que se incorporarían anualmente a nuestro sistema hídrico, procedentes de las dos instalaciones, para regar nuestros campos siguen en el mar. Y corremos el riesgo de que el año que viene el Estado tenga que devolver las cuantiosas subvenciones dadas en su momento por la Comisión Europea para el programa Agua por la falta de compromiso del actual Gobierno de España con esas políticas y con las desaladoras construidas a su amparo en tiempos de Zapatero. Europa ya lo ha advertido: o funcionan las desaladoras de Castelló o se devuelven los 50 millones de euros que Bruselas nos transfirió para hacerlas. Claro, clarísimo. Tan claro como que cíclicamente la sequía vuelve a llamar a nuestra puerta.

Dicen que resulta muy cara su explotación. Y que la repercusión del coste sobre el consumidor es inasumible. Y lo es también, y muy onerosamente, para los ayuntamientos que firmaron con Acuamed unas condiciones de acuerdo con una previsión de crecimiento urbanístico que la crisis hizo añicos. Haga, pues, el Gobierno lo que deba. Busque las fórmulas más adecuadas para que ese recurso esencial para el desarrollo de nuestras comarcas entre en servicio ya. No es de recibo que este gobierno rescatador de grandes bancos y constructoras no encuentre recursos para el agua que necesitamos.

Desalinización en España. En Wikipedia